Bogotá, Londres, 19 de junio de 2022 (@RedMujeresVP @AllSurvivorsPro). En este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales (RMVP), los Grupos Focales de Hombres Víctimas de Violencia Sexual (Grupos Focales) y All Survivors Project (ASP) han publicado un informe basado en los principales hallazgos contenidos en el informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 17 de marzo de 2022.
Este informe trata la violencia sexual cometida contra hombres y niños durante el conflicto armado en Colombia y a la investigación de dicha violencia en virtud del marco de verdad y justicia establecido en el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La violencia sexual fue omnipresente en el contexto del conflicto armado de Colombia y fue perpetrada por todas las partes. Fue incluida como un delito específico en el Acuerdo Final, y reconociendo la gravedad de este delito, la Corte Constitucional de Colombia ordenó que fuera priorizado por la JEP, el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición establecido en el Acuerdo de Paz.
“Las mujeres hemos sido las víctimas mayoritarias de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, pero no hemos sido las únicas. Los hombres y niños también fueron víctimas de este delito y al igual que nosotras, enfrentan obstáculos para acceder a la justicia,” dijo Ángela María Escobar, Coordinadora Nacional de RMVP. “El Acuerdo de Paz nos dio la oportunidad de conocernos y empezar a trabajar juntos para que la Jurisdicción Especial para la Paz abra el macro caso de violencia sexual, y así los actores armados y la sociedad entiendan que este es un delito y no una práctica cultural.”
El informe conjunto documentó 75 casos de violencia sexual contra hombres y niños ocurridos entre 1989 y 2015. Los casos fueron denunciados inicialmente a las autoridades de Colombia en 2019 y 2021 durante tres “Jornadas de Denuncia Colectivas” organizadas por RMVP, los Grupos Focales y ASP. El informe conjunto se centró en analizar los incidentes y patrones de violencia sexual en los territorios con mayor número de denuncias recibidas durante este proceso: la subregión de Montes de María (13 casos), los departamentos del Magdalena (41) y el Chocó (9). Este informe recoge las experiencias de los hombres y niños de estas tres zonas geográficas. Según sus relatos, los principales autores de la violencia sexual fueron miembros de las FARC-EP y del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
ASP llevó a cabo un análisis detallado de 51 de los 75 casos que reveló que estas víctimas solían ser agredidas en sus hogares, mientras cultivaban sus tierras o mientras viajaban por caminos y carreteras en los que había presencia de grupos armados y estaban enfrentados. Sus experiencias se caracterizaron por niveles extraordinarios de brutalidad: la gran mayoría implicó la violación anal, a menudo por más de una persona y a veces en público o en presencia de familiares. Los testimonios hablan de haber sido atados y golpeados. Además, las víctimas fueron amenazadas con violencia y muerte si denunciaban los incidentes. En muchos casos, la violencia sexual iba acompañada o se producía en el contexto de otras violaciones graves del derecho internacional, como ejecuciones
extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, y extorsión. En casi todos los casos analizados, las víctimas se vieron obligadas a desplazarse a causa de la violencia sexual, lo cual las privó de sus medios de vida.
La mayoría reportó graves lesiones físicas y psicológicas a causa de la violencia sexual sufrida y la mayoría no había recibido ningún tipo de apoyo médico o psicosocial. De hecho, el impacto de las experiencias de violencia sexual en las víctimas que aportaron sus testimonios ha sido devastador.
Incluso ahora, muchos años después de los hechos, la mayoría sigue viviendo con las consecuencias físicas, psicológicas, económicas y de otro tipo de los crímenes cometidos contra ellas.
“La violencia sexual contra hombres de la comunidad diversa ha sido usada como un mecanismo de terror y de castigo por nuestra identidad. Somos estigmatizados porque se nos acusa de provocar las violaciones o de merecérnoslas, por eso muchos preferimos no denunciar, ni buscar atención en salud física y emocional. Nos acostumbramos a vivir enfermos y humillados,” dijeron los miembros del Grupo Focal de población diversa.
Por su parte, el Grupo Focal de hombres heterosexuales señaló: “Existe la creencia de que los hombres heterosexuales no podemos ser violados por otros hombres, este es el principal obstáculo que enfrentamos para romper el silencio, nos da vergüenza y miedo de que no nos crean. Hacer el informe para la JEP fue el primer paso, ahora esperamos que la JEP cumpla con lo que dice el Acuerdo y abra el macro caso de violencia sexual.”
El subregistro de la violencia sexual contra personas de todos los géneros en los conflictos de todo el mundo, suele ocultar su verdadera magnitud. En Colombia, la Corte Constitucional se ha referido a un “triple proceso” de invisibilidad, silencio e impunidad en la facilitación de la violencia sexual contra las mujeres, y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha señalado que en Colombia el silencio es mucho mayor en los casos de víctimas de violencia sexual de género masculino. La mayoría de las 75 víctimas cuyos testimonios fueron analizados para el informe conjunto entregado a principios de 2022 no denunciaron a las autoridades en el momento de la violencia sexual cometida contra ellas, por razones tales como que sentían vergüenza, no querían que sus familias se enteraran, temían represalias de los perpetradores o sentían que las autoridades no las protegerían.
“Los casos documentados en el informe conjunto ofrecen un relato desgarrador de la dinámica y los patrones de la violencia sexual cometida contra hombres y niños durante el conflicto armado en Colombia. Merecen la atención de la JEP,” dijo Charu Lata Hogg, Directora Ejecutiva, All Survivors Project. “Mientras tanto, hay que hacer esfuerzos urgentes para garantizar que las víctimas reciban respuestas médicas por los daños sufridos.”
El informe expone el marco del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional y nacional, en virtud del cual Colombia debe investigar el delito de violencia sexual y llevar a los autores ante la justicia.
Hay una base razonable para creer que los actos de violencia sexual perpetrados contra las víctimas cuyos testimonios se incluyeron en el informe conjunto pueden haber constituido tortura, un crimen bajo el derecho internacional. Los testimonios detallados y el impacto en la salud física y mental de las víctimas indican claramente que los perpetradores infligieron graves daños y sufrimiento físico y/o mental a las víctimas al someterlas a violencia sexual. Con base en las pruebas e investigaciones realizadas, incluyendo el contexto de conflicto armado existente en cada zona geográfica en el momento de los hechos, existen suficientes indicios de que este sufrimiento pudo haber sido infligido con un propósito específico, en particular para intimidar, castigar y/o coaccionar a las víctimas, y en ocasiones a sus comunidades, con el objetivo de obtener el control social y territorial. En el caso de las víctimas con orientación sexual diversa, real o percibida, la información sugiere que el propósito de la violación puede haber sido discriminarlas y castigarlas por su orientación sexual diversa.
En determinadas circunstancias, los actos de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad. De hecho, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional ha encontrado “base suficiente para creer” que las FARC-EP y las AUC, y las fuerzas armadas, entre otros, cometieron crímenes de lesa humanidad. Según la Fiscalía, se perpetraron numerosos ataques -de carácter sistemático y generalizado- contra la población civil en diferentes partes del país, incluyendo los territorios de Montes de María, el Magdalena y el Chocó.
El informe completo en español se encuentra disponible aquí y en inglés aquí.
Para más información:
- ASP: Patricia Ollé Tejero; [email protected]
- Grupos Focales: [email protected] ; [email protected] ; [email protected]
- RMVP: Ángela María Escobar; [email protected]
Antecedentes
En Junio de 2015, la Asamblea General de la ONU (A/RES/69/293) proclamó el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo y rendir homenaje a todos quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos y han perdido la vida en esa empresa.
La fecha fue elegida para conmemorar la adopción de la resolución 1820 del Consejo de Seguridad (2008), el 19 de junio de 2008, en la que el Consejo condenó la violencia sexual como táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz.
